Un olvido del oficialismo derivó en una situación insólita: la ley 8.931, que declaró el estado de emergencia en seguridad, adicciones y políticas carcelarias para todo el territorio provincial, caducará mañana, cuando se cumpla un año y un día de su publicación en el Boletín Oficial.
¿Qué implicará en los hechos la “caída” de esta normativa? Según el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, hasta el momento el Poder Ejecutivo (PE) la había aplicado sobre todo para agilizar los procesos de compra de bienes y servicios, como patrulleros y equipos de comunicación.
“Estamos en emergencia (en seguridad) en todo el país. Seguramente la Nación va a continuar (con ese estado) y la Provincia, también. Estamos trabajando en ese marco. El gobernador (Juan Luis Manzur) ha dispuesto inversiones en patrulleros, móviles de traslado y armas que no estaban previstas, porque confiábamos en que el Gobierno nacional nos iba a girar asistencia. También estamos avanzando con obras en el Servicio Penitenciario y las comisarías. Sin recursos presupuestarios, ninguna ley resuelve las cosas”, manifestó Amado, en diálogo telefónico con LA GACETA.
En septiembre de 2016, Manzur firmó un DNU para declarar la emergencia en seguridad en Tucumán. La Legislatura, sin embargo, rechazó ese instrumento y sancionó una ley que abarcaba además la grave situación en materia de tratamiento de adicciones y en lo referido a las cárceles y las comisarías. La norma también incluía la creación de una comisión especial de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes de los tres poderes del Estado provincial y por magistrados la sede local de la Justicia Federal.
En su párrafo 1°, la ley 8.931 establece que el estado de excepción se extiende “por el término de 365 días corridos a partir de la publicación” en el Boletín Oficial, lo que se produjo el 7 de octubre de 2016. Y si bien da lugar a que sea prorrogada por otro año, la normativa no fue estudiada por la Legislatura.
Esto fue advertido ayer de manera oficial por los legisladores radicales José Canelada y Adela Estofán, afines a Cambiemos. Los opositores elevaron una nota al presidente subrogante del Poder Legislativo, el oficialista Julio Silman -además encabeza la comisión de seguimiento del estado de emergencia-, para requerirle el llamado a una sesión urgente, que permita renovar la vigencia de la ley 8.931. “Nos preguntamos si el Gobierno provincial considera que hemos logrado superar esta emergencia y que los problemas se han terminado. Nosotros creemos que no. Lo vemos en los barrios donde en cada cuadra los vecinos nos cuentan que han sido víctimas de un robo”, señalaron los radicales. Y pidieron que el Ejecutivo “venga a rendir cuentas de lo que se hizo este año” en materia de seguridad. “El 29 de septiembre debía realizarse la última reunión y la suspendieron. No pueden pretender que despertemos el domingo (por mañana) creyendo que los problemas en inseguridad y en adicciones ahora son parte de nuestro pasado”, indicaron los opositores, alineados a José Cano (Cambiemos).
En la próxima sesión
Silman, ante una consulta de LA GACETA, ponderó que el comité especial a su cargo efectuó propuestas e informes para describir el estado de situación, en una labor que implicó a diversas áreas del Estado provincial. “Pero, más allá de estos esfuerzos, hay mucho por mejorar. Creo que la emergencia (en seguridad) se debe prorrogar. De todas formas, el tema debe recibir dictamen en la comisión permanente (de Seguridad y Justicia, que encabeza Javier Pucharras) y, si la Labor Parlamentaria está de acuerdo, se tratará en la próxima sesión”, indicó Silman. Y confirmó que la comisión encargada de supervisar la aplicación de la emergencia en seguridad todavía no ha recibido el informe cuatrimestral del ministro Amado, previsto para septiembre pasado.
El funcionario de Manzur que más ministerios tiene a su cargo insistió con que está a favor de prorrogar la ley 8.931, pero advirtió que la recepción de recursos es fundamental. “Voy a concurrir a la Legislatura todas las veces que sea necesario. Soy el ministro que más veces lo hizo, siempre con la intención de sumar y de escuchar”, indicó Amado. Y lanzó críticas a los opositores. “No es verdad lo que dice Canelada, que la seguridad es el primer tema de preocupación entre los ciudadanos. El primero es la economía. La situación actual genera exclusión social, y eso tiene sus consecuencias, por ejemplo, en la seguridad”, analizó el ministro.
Manifestó luego que los legisladores alineados a Cambiemos “podrían ayudar a destrabar los pedidos que hizo Tucumán a la Nación” para fortalecer la lucha contra el delito. “Se le solicitó una nueva cárcel al ministro (de Justicia de la Nación, Germán) Garavano, y elevamos varios proyectos para la adquisición de cámaras de seguridad para los 10 municipios que aún no cuentan con esa tecnología y de otros equipos de comunicación”, remarcó Amado. Y aseveró que las últimas compras fueron solventadas con fondos provinciales.
Ley nacional
Garavano y un anuncio con Lebbos
Ayer, en Buenos Aires, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garvano, encabezó el acto oficial por la reglamentación de la ley nacional de Defensa de los Derechos de las Víctimas. “Acompañamos esta medida con la creación de un observatorio y de un centro para la asistencia de los afectados por delitos federales”, indicó el funcionario macrista en su cuenta de Twitter. Garavano publicó además una foto junto a Alberto Lebbos, padre de Paulina (una joven asesinada en 2006, cuyo caso permanece impune). “En la reunión con el ministro pude reiterar la denuncia sobre la impunidad que promueve en Tucumán el clan Alperovich-Rojkés-Manzur”, le comentó Lebbos a este diario. Y expresó además el reclamo para que el Ejecutivo habilite la aplicación de otras normas. “Me referí a la negativa de reglamentar las leyes provinciales de Asistencia a Víctimas de Delitos, de Prevención de Narcotráfico y de Asistencia a Adictos. Denuncié que no quieren que se aplique la ley nacional en Tucumán”, señaló Lebbos, máximo referente de la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
Puntos centrales de la ley 8.931
El artículo 1° declara la emergencia en seguridad pública “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad”. La norma tenía una vigencia de 365 días a partir de su publicación, renovable por otro año.
La norma permitía “transferir empleados de la planta permanente” a dependencias policiales con el fin “de realizar tareas administrativas, desafectando a los agentes policiales de esta labor interna”. También se habilitaba el regreso de policías jubilados.
Los fines de la emergencia carcelaria figuran en el artículo 3°: “a) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; b) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Servicio Penitenciario de nuestra Provincia”.
El artículo 4° expresa los objetivos de la emergencia en adicciones: “a) profundizar y ampliar los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas; b) ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los programas de Prevención de Adicciones”.
La ley 8.931 establece la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control de las Acciones, Políticas y Programas en Seguridad. Este comité, integrado por los tres poderes del Estado y la Justicia Federal local, tiene por función hacer un diagnóstico, elevar propuestas y recolectar estadísticas.
Quizás el párrafo más utilizado por el PE es el que habilita a los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social a la compra de “bienes, recursos tecnológicos y provisión de servicios que sean necesarios para atender las situaciones de emergencia declaradas, exceptuándolos del procedimiento de licitación”.